Sobre el canon de las bibliotecas

José María Nogales Herrera, secretario de Cultura del PSOE de Guadalajara, critica con motivo de El Día del Libro el llamado canon de las bibliotecas, que pretende cobrar por los préstamos. Exige, a la vez, reconsiderar las políticas relacionadas con los derechos de autor.


La celebración del Día del Libro cada 23 de abril tiene como base la coincidencia de fecha (aparte de las discusiones sobre los calendarios) en la muerte de dos grandes indiscutibles de la literatura universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes.

En España se empezó a conmemorar con motivo del III Centenario del Quijote en 1905 y tuvo especial impulso en los primeros años de la II República. Pero ahora, como queda dicho, se celebra a la par el día del libro y el de los derechos de autor, como si fuesen la misma cosa y como si no hubiera más días en las agendas de las administraciones culturales.

En este 2013, en que son consagrados todos los recortes de los presupuestos públicos y en el que la administración central y muchas autonómicas dedican cero euros a la compra de libros, vemos con escándalo cómo prospera el real decreto por el que se fijará el canon que las bibliotecas públicas habrán de pagar por realizar una de las tareas fundamentales que tienen asignada, como es la promoción de la cultura mediante el préstamo de libros.

Las bibliotecas no son el top manta ni los piratas cibernéticos. Sin embargo se ven penalizadas por las propias administraciones.

En días como hoy se pone de manifiesto cuál es la precaria situación de las bibliotecas públicas en España. Se les aplica una directiva europea que pudo tener algún sentido en los países nórdicos y en épocas de abundante maná. Desde luego, no hoy, en una España arruinada y con el estado del bienestar tijereteado por todas partes.

No comprendemos que los derechos de autor se defiendan por organizaciones que, como los antiguos sindicatos verticales, agrupan a empresarios (los editores) y trabajadores (los autores).

No admitimos que administraciones, medios de comunicación y ciertos intelectuales criminalicen a las bibliotecas por la realización del préstamo. 

Tras todo esto subyace una realidad: hoy es fácil editar e imprimir; como lo es también copiar, almacenar y distribuir cualquier información. Ante esa evidencia, lo cierto es que los lectores descargan los libros de la red a sus e-book sin pagar, que quien lo precisa con su teléfono móvil o con su tablet puede copiar las páginas de un libro sin tener que encargar fotocopias y con esto los editores obtienen menos ingresos por venta. En consecuencia deciden actuar contra la única institución que por ahora compra libros por un cauce normal: la biblioteca pública. Esto es así mientras lo sea. ¿Qué harán cuando las bibliotecas dejen de comprar libros y los usuarios no vean atractivos estos lugares para obtenerlos en préstamo y sólo acudan a estudiar o a relacionarse? Pues se habrán hundido a la vez los dos sectores, el de los editores, libreros, etc, y el bibliotecario.

Creo que se debe redactar una nueva directiva europea que contemple los momentos de austeridad impuesta y sobrevenida que padecemos y que tenga también en consideración el nuevo entorno electrónico en el que nos movemos. Será preciso que editores y autores repasen el sentido de su relación y, si en verdad han bajado los costes de impresión, edición y distribución, que eso repercuta en beneficio de los autores. Es preciso repasar el sentido del derecho de propiedad intelectual y por supuesto el concepto de derecho público, el derecho público pagante y los denominados por las entidades de gestión derechos genéricos y, sobre todo en el día del libro y la lectura, revisar el papel de las bibliotecas públicas.

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