El juicio por la ‘okupación’ del Ateneo, para octubre

Ya hay fecha para el juicio oral, después de que el arbitraje se haya resuelto sin acuerdo. Se enfrentan a seis meses de cárcel y 35.00 euros de multa en conjunto por su acción de junio de 2013. • El miércoles defendieron que "este tipo de intervenciones funcionan" porque llaman la atención de la ciudadanía y las administraciones sobre el estado de un edificio histórico, vinculado a la historia del movimiento obrero alcarreño.


La falta de acuerdo en el arbitraje de este viernes retrasa hasta el 8 de octubre el proceso abierto contra los seis okupas del Ateneo, que entraron en el edificio en junio de hace dos años para exigir su reapertura e intentar una cesión para autogestionarlo. Será entonces, ya en otoño, cuando se celebre el juicio oral, según han explicado este viernes al salir de la cita a la que han acudido esta mañana en las dependencias de la Plaza de Fernando Beledíez.

Los activistas han sido acusados por la Junta de usurpación y daños al inmueble –el fiscal sólo les acusa por entrar ilegalmente–, por lo que se enfrentan a la petición de seis meses de cárcel y 35.000 euros en multas por supuestos daños causados, según ha explicado a la salida de los juzgados el letrado que les acompañaba, Karim Benamar.

En el acto de conformidad de esta mañana no ha habido acuerdo: se les ha planteado una negociación de estas sanciones, pero suponían que admitiesen los cargos, a lo que se han negado, ya que el abogado de la Junta no ha rebajado su petición: “Nos acusan de hechos que no son ciertos”, ha explicado uno de estos activistas, Isaac Alcázar, en referencia a que se les intenta responsabilizar del deterioro del edificio, que ya estaba en situación de abandono previamente: “Aquello estaba medio derruido y ahora quieren que lo arreglemos con nuestro dinero”.

Los acusados esperan que el previsible cambio de gobierno en la Junta tras las elecciones del 24M, con la llegada del PSOE al Gobierno regional si obtiene el apoyo de Podemos, sirva para que “haya marcha atrás en la denuncia de la Junta por lo menos en cuanto a los daños, que es totalmente falso: toda Guadalajara sabe que el edificio no lo estropeamos nosotros, sino que ya estaba en ruinas”.

Apoyo de la Plataforma Antirrepresiva

Entre proclamas como “el Ateneo es del pueblo” o “Nos tocan a una, nos tocan a todas”, utilizando el característico femenino plural de algunos movimientos sociales, un grupo de casi medio centenar de personas se ha reunido a las puertas de los juzgados para mostrar su apoyo a los seis activistas y recibirles, a la salida, pasadas las once de la mañana, entre aplausos. “Sus multas, sus porras, no nos pararán”, han gritado también.

El gesto de solidaridad estaba convocado por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara y hasta allí han acudido el concejal en funciones de IU, José Luis Maximiliano, el diputado electo de Podemos, David Llorente, y los concejales electos del Ayuntamiento de Guadalajara, Susana Martínez, José María Gil y Elena Loaisa.

El miércoles, dos de estos ‘okupas’ comparecieron ante los medios de comunicación a las puertas del Ateneo Municipal para defender aquella “intervención” que tuvo lugar en la mañana del viernes 14 de junio de 2013, cuando el balcón del Ateneo amaneció con una pancarta que versaba ‘Ateneo instrucción obrera. Espacio liberado autogestionado’. Seis activistas que se autoproclamaban procedentes de “la izquierda alternativa” de la ciudad habían entrado en el edificio para reivindicar su cesión para un proyecto de autogestión. El desalojo pacífico se produjo esa misma tarde, en plena jornada inaugural del Maratón de los Cuentos, una de las citas que más atención concita sobre la ciudad.

Nos habían dicho que no había espacios para las asociaciones”, explicaba este miércoles Isaac Alcázar como justificación a la ‘okupación’, alegando como ejemplo que el Ayuntamiento no ofreció ninguna alternativa cuando así lo solicitó la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Guadalajara.

Un proyecto alternativo de "coste cero"

Tanto Alcázar como otro de los acusados, Juan Ángel Maroto, aseguran que representan a “muchos colectivos de Guadalajara y de Azuqueca” y siguen reivindicando al Ayuntamiento que “ceda el uso del edificio a los movimientos sociales de Guadalajara, porque es algo que se puede hacer sin que tengan que meter un solo euro”. Para ello, no obstante, el edificio debería ser cedido desde su actual propietaria, la Junta de Castilla-La Mancha, que en 2007 convocó un concurso de ideas para el proyecto de rehabilitación que, siete años después, descansa en un cajón de la administración.

Alcázar considera que para los seis activistas que llevaron a cabo esta operación reivindicativa constituye ahora “una alegría” que los partidos políticos que han concurrido a las elecciones municipales del 24-M, incluido el PP de Guadalajara –que las ha ganado– incorporasen en su programa la recuperación del edificio y su rehabilitación para ponerlo al servicio del tejido social arriácense. En el caso de la candidatura de Román, promete reabrirlo como centro social.

Estas intervenciones funcionan porque son de sentido común, nunca tuvimos como objetivo apropiarnos del edificio”, subrayan. “Esto demuestra que conseguimos reactivar el debate y la memoria del sitio; impulsar la rehabilitación también del Teatro Moderno, que se llevó a cabo justo después de nuestra intervención”.

Los portavoces del grupo de okupas acusados por la Junta hicieron también un repaso histórico sobre esta institución que los obreros de la ciudad pusieron en marcha con recursos propios en 1891 y que hasta la expropiación forzosa en la Guerra Civil sirvió como punto de encuentro para la formación y el recreo de la clase trabajadora de la ciudad. El actual Teatro Moderno era, de hecho, el teatro anexo al entonces llamado Ateneo Instructivo Obrero.


Artículo actualizado a partir de la información publicada el 27/05/2015 a las 12:45 horas.

 

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