El canon se instaura entre confusión y rechazo

El Gobierno central aprobó el 1 de agosto el decreto sobre el repago de derechos de autor en los libros de préstamo en las bibliotecas de municipios de más de 5.000 habitantes, que no repercute directamente en el usuario. • El 'no' a la medida, con más de dos décadas de trayectoria, sigue teniendo uno de sus puntales en la provincia. El Ayuntamiento de Azuqueca ha anunciado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia e IU lleva a pleno mociones en varios ayuntamientos. La diputada provincial de Cultura y alcaldesa de Villanueva resta importancia al coste de la medida.


El 'no' al canon, una larga batalla social en la que el gremio de bibliotecarios guadalajareño siempre ha sido un puntal, ha vuelto a ponerse en pie, pero esta vez para protestar contra una política de hechos consumados que en la provincia afecta a la biblioteca Estatal de la plaza de Dávalos y a las de municipios con más de 5.000 habitantes: Azuqueca, El Casar, Alovera, Marchamalo, Cabanillas, Villanueva y Torrejón del Rey.

El primer día del mes de agosto, en plenas vacaciones, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio que instaura esta suerte de repago de derechos de autor por parte de las bibliotecas de los municipios con más de 5.000 habitantes. Se trata de un canon del que sí se libran las bibliotecas universitarias y de centros educativos -precisamente allí donde más se 'piratean' los libros- y que no repercutirá directamente en el usuario, pero sí en los presupuestos de los centros públicos. Es decir, pagan los ayuntamientos y en el caso de la biblioteca de Dávalos, lo asumen las arcas regionales.

La noticia, que muchos han considerado que ha sido aprobada con nocturnidad y alevosía por las fechas estivales, ha venido acompañada de no poca confusión y un notable rechazo. La polémica remite a la ya larga batalla de muchos sectores, desde bibliotecarios (la ya exdirectora del centro arriacense, Blanca Calvo, fue en su día avanzadilla en este rechazo en todo el país) a escritores.

La confusión remite en buena medida a la compleja aplicación del decreto a través de un reglamento que no aclara todas las dudas. Las bibliotecas tienen que pagar su canon a CEDRO, la asociación 'hermana' de la más conocida SGAE pero para libros, con un sistema de cálculo que varía antes y después de 2016 y que en ningún caso está exento de interpretaciones.

Compleja aplicación

El decreto es confuso y algunos responsables de aplicarlo hacen ver su complejidad a la hora de cumplir con sus exigencias. En líneas generales dicta que las administraciones paguen 0,16 euros por ejemplar comprado al año, además de 0,05 euros por socio. Pero dentro de dos años el sistema varía, de modo que se mantiene el mismo pago por usuarios activos pero además se suman 0,004 por títulos disponibles para préstamo, independientemente del número de ejemplares de ese mismo título.

Otro de los aspectos controvertidos es la configuración de las bibliotecas de la región como Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, que en la práctica hace que cada usuario de una biblioteca de cualquier municipio de la región lo sea también de cualquier otra. Es decir, el usuario de la biblioteca de Guadalajara, dependiente del Estado y gestionada por la Junta, lo es también de las bibliotecas de Azuqueca, Cabanillas o Yebes, por poner algunos ejemplos. ¿Se paga una sóla vez o varias, una como usuarios de la red y otra como usuarios de las bibliotecas municipales?

Hay otras dos paradojas: la primera, que a partir de 2016, con el cobro por usuarios, también se pagará el canon por libros donados por los propios usuarios a las bibliotecas; la siguiente la apunta el vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), José María Nogales Herrera, cuando dice que "no se da ninguna razón que explique porqué hasta enero de 2016 el cálculo se hará por el número de libros adquiridos, salvo que se piense en el Ministerio y en las entidades de gestión que a partir de esa fecha va a disminuir la compra de libros". El decreto resultaría, así, totalmnete contraproducente para todos.

La oposición

La cronología de la polémica se remonta a 1992, como recuerda una completa pieza publicada recientemente en el digital eldiario.es. Ya entonces, hace más de dos décadas, la Unión Europea aprobaba una directiva en la que instaba a los estados a regular los derechos de autor de los préstamos de los libros. Dos años después, se adapta la directiva eximiendo del pago por los préstamos de las bibliotecas.

Ya hace unos años, más de un centenar se sumaron contra la iniciativa: entre ellos algunos alcarreños o ligados a Guadalajara, caso del ya fallecido José Luis Sampedro, autor de 'El río que nos lleva' e hijo adoptivo de Guadalajara, Andrés Aberasturi -residente en Yunquera-, Almudena Grandes, que da nombre al centro azudense, y de otras firmas de la provincia como Andrés Berlanga y Pep Bruno. Estos escritores encabezaban un manifiesto negándose "rotundamente a cobrar un canon" por el préstamo de sus libros porque reconocían "la importantísima función social de las bibliotecas públicas" y su "deuda con ellas".

Entre los primeros en reaccionar en agosto contra el decreto en Guadalajara estuvo Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, cuya dirección regional anunció a finales del mes pasado una campaña de mociones en los ayuntamientos de las cinco provincias basada en cuatro puntos claves: defensa del puesto de trabajo de los bibliotecarios, del papel principal de las bibliotecas en el medio rural, de su función como punto de encuentro para la población joven y de su fomento de la lectura y la literatura.

También Anabad ha expresado públicamente su rechazo a la aprobación del decreto, "no sólo por lo que supone económicamente para la maltrecha situación de las bibliotecas, sino por cuanto obliga a las bibliotecas a pagar por el mero hecho de prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público". Y critica, de paso, que "no se han tenido en cuenta" ninguna de las alegaciones presentadas desde este foro en el correspondiente periodo de alegaciones.

La propia 'Plataforma No al préstamo de pago en bibliotecas' esgrime muchos de estos mismos argumentos, además de negar que el préstamo de libros reste beneficios a los autores: "No perjudica a las ventas, por el contrario, se ha comprobado que la difusión de las obras en bibliotecas, junto a actividades de animación a la lectura (clubes de lectura, cuentacuentos, etc.) aumentan las ventas de libros". Y añaden que "los ciudadanos, a través de los impuestos, financian multitud de ayudas distribuidas entre autores y editores por el Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otras instituciones públicas".

En esta Plataforma admiten que en 2006 el Tribunal Europeo condenó a España por el incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de propiedad intelectual, pero también indican que hay fórmulas alterantivas para el pago de este impuesto indirecto. E insisten en que las bibliotecas no están exentas de cumplir con los derechos de autor cuando adquieren un ejemplar, por lo que esta medida supone un repago.

Azuqueca acudirá al Supremo

Una de las localidades donde se ha aprobado una moción en contra ha sido Azuqueca, cuyo centro público Almudena Grandes, ubicado en el mismo edificio de la Casa de la Cultura, está evidentemente afectado por la medida y exhibe desde hace meses un cartel con el rechazo al canon, mientras ha impulsado la recogida de firmas entre sus usuarios.

El Ayuntamiento de Azuqueca ha anunciado además que va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reglamento que regula el canon por el préstamo de libros. La concejala de Cultura, Sandra Yagüe, ha lamentado que el Ministerio de Cultura otorgue "mayor relevancia a intereses de asociaciones privadas como CEDRO, en lugar de defender una cultura lo más libremente accesible por parte de la ciudadanía". La edil azudense se opone a este pago de las bibliotecas "por hacer su trabajo y facilitar el acceso a la cultura" y considera que la medida, "lejos de defender los intereses generales, grava el escaso erario de los ayuntamientos con pagos en favor de asociaciones privadas". La edil cuestiona incluso que esta media sea beneficiosa para los autores, dado que el reparto del canon "no puede comprobarse dada la falta de transparencia de las entidades de gestión".

El Ayuntamiento de Azuqueca basará su impugnación del reglamento en que no se exceptúan las obras de dominio público, de modo que se paga igual por El Quijote que por cualquier novela recién salida de la imprenta. Yagüe denuncia además que "hasta el año 2016 el canon se tendrá que pagar dependiendo de las compras de libros, lo que no tiene ninguna relación con la ley que autoriza a cobrar por prestar, y el cálculo a partir de 2016 dependerá del número de usuarios de la biblioteca".

Una de las pocas voces que se ha pronunciado desde Guadalajara sin rechazar la medida ha sido la diputada provincial de Cultura y alcaldesa de Villanueva de la Torre. Marta Valdenebro recordó, a preguntas de Cultura EnGuada, que están exentos del canon los bibliobuses, las salas de lectura y los préstamos interbibliotecarios y que, a su juicio, esta discusión está fuera del debate local e incluso nacional por ser una medida impuesta por Bruselas y que, en cualqueir caso, afecta a "un colectivo muy pequeño". En el caso de su localidad, pagarían unos 54 euros al año.

Desde el gobierno regional se ha animado una campaña hasta finales de año, 'Todo a cero euros', recordando a los usuarios que no tendrán que pagar por el canon y animando precisamente a tomar prestados los contenidos de los centros públicos.


Pinchando en este enlace puede descargarse el decreto completo del BOE.

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