Nuevo ‘tirón de orejas’ a la Junta por el castillo de Galve

La Defensora del Pueblo exige a la Junta “por vía de urgencia” por tercera vez en un año que entregue la documentación sobre el castillo de Galve. • El último escrito se lo ha remitido al colectivo galvito el pasado 19 de febrero.  


La Defensora del Pueblo ha remitido a la Asociación Castillo de Galve un escrito donde afea por tercera vez en año la “tardanza” de la Junta a la hora de entregar la documentación que el organismo estatal le ha exigido en relación con el expediente del castillo de Galve. En el documento, fechado el pasado 19 de febrero, también les anuncia que ha vuelto a reclamarlo “por vía de urgencia” a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta. “Una vez que la Administración envíe lo solicitado, la Defensora del Pueblo adoptará las medidas que considere oportunas para impulsar el proceso alrededor del castillo de Galve”, señala la Asociación Castillo de Galve en nota de prensa. 

La institución que dirige Soledad Becerril está recabando toda la información disponible a fin de evaluar hasta qué punto el Gobierno regional ha cumplido con sus obligaciones con relación a este monumento, en estado ruinoso. El último escrito de la Defensora del Pueblo está fechado el pasado 19 de febrero y la institución estatal describe la “falta de diligencia” para colaborar del Gobierno de Castilla-La Mancha. Los anteriores están fechados el 30 de abril y el 11 de septiembre de 2014.

El origen

Los escritos de la Defensora del Pueblo tienen su origen en la queja presentada por la Asociación Castillo de Galve el 30 de diciembre de 2013 contra el propietario del monumento, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que se encuentra en un avanzado estado de degradación; y contra la Junta de Castilla-La Mancha, como administración competente en materia de patrimonio histórico. La Defensora del Pueblo necesita contrastar con la Consejería las alegaciones de la asociación galvita para admitir a trámite la queja. 

La Asociación Castillo de Galve expresa "su lamento y su malestar por la falta de colaboración del Gobierno regional, teniendo en cuenta además que se trata de una exigencia directa de una institución pública del Estado". Asimismo, recuerda que "durante los múltiples contactos que sus miembros han mantenido con los responsables de la Delegación Provincial de la Junta, éstos se comprometieron a entregar toda la documentación que requiriese la Defensora del Pueblo".  

Tras "varios intentos frustrados con el dueño para negociar la rehabilitación del castillo, y ante la negativa del propietario a cumplir con las exigencias que desde 2007 le ha formulado la Comisión Provincial de Patrimonio", la Junta de Castilla-La Mancha valoró sancionarle entre 2010 y 2011. Tras el cambio de gobierno regional, la Consejería de Cultura volvió a solicitar al propietario que presentara el proyecto de ejecución, un estudio arqueológico y de paramentos, aunque sin resultado alguno. En febrero de 2014, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció la incoación de un expediente sancionador que está pendiente de ejecutarse.