Castillos en el aire

El futuro de decenas de arquitecturas resulta incierto, a pesar de su valor histórico y artístico y de su protección por ley. • Los vecinos han puesto el grito en el cielo en casos como el monasterio de Bonaval o el castillo de Galve, pero no existe un plan definido ni implicación del sector privado.  Diferentes voces juzgan que existe más una falta de voluntad política que un problema de financiación.


Pasear entre ruinas tiene un encanto singular, mezcla de la decadente elegancia de moverse en territorio de alta alcurnia y el asombro, necesariamente monumental, por el deterioro de esos palacios, iglesias y edificios con un valor histórico y artístico que los convierten en caprichos. Guadalajara es territorio privilegiado para ejercitar este romanticismo entre el sobrecogedor silencio que apenas interrumpe el quejido de alguna madera o, en verano, el canto de algún príncipe convertido en grillo. Asentada en el corazón de Castilla, la provincia es enormemente rica en un patrimonio civil -hay más de cien castillos- y eclesiástico que ha ingresado en el siglo XXI con el dilema que reflejan sus muros, en los que el peso del pasado amenaza con romper la verticalidad mientras la incertidumbre del futuro se obstina en que las torres sigan apuntando al cielo. ¿Son ruinas o tesoros? ¿Piedras viejas o piedras preciosas?

Unas listas sonrojantes

Los castillos de Pelegrina, Torresaviñán y Galve, los monasterios de Bonaval, la Salceda, San Antonio, San Bartolomé, San Blas, San Salvador de Pinilla, Santa María de Óvila, Sopetrán y Santa Ana de Tendilla, las iglesias de Querencia y Villaescusa, los conventos de San Francisco en Mondéjar y de la Concepción en Almonacid, la Casa de las Pinturas de Molina, la Casa Fuerte de la Bujeda de Traid o las salinas de Imón engrosan la ‘lista roja’ de patrimonio en peligro de Hispania Nostra, un catálogo de monumentos bajo amenaza de derrumbe por abandono que elabora esta asociación en todo el país. Pese a su extensión, no están todos los que son, pero su número en aumento cada año y su comparación con otras provincias (Guadalajara es la que más aporta en la región) delata las proporciones del fenómeno. Frente a estos 19 casos, sólo la atalaya de Los Casares y el monasterio de Monsalud en Córcoles figuran en sentido positivo, por haber abandonado la situación de riesgo de la que se avisaba.  

Hay muchas más listas sonrojantes: la Asociación Serranía llegó a contabilizar casi una treintena de arquitecturas en situación de deterioro avanzado sólo en esta comarca y el libro de cabecera sobre este tema, ‘Patrimonio desaparecido de Guadalajara’, escrito por José Luis García de Paz y editado por Aache, daba cuenta en su primera edición de 2003 de más de sesenta edificios, esculturas o cuadros víctimas de expolio, como llama a los casos de pérdida y los de abandono.  

El paseo por la capital provincial también arroja un sinfín de ejemplos, como han demostrado recientemente dos visitas guiadas del presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Guadalajara, Manuel Granado, las llamadas Ruta de las Eras organizadas con la Asociación de  Amigos del Moderno: a los fantasmas que pueblan los rincones de la ciudad se les suman sus particulares castillos en el aire, con el Ateneo Municipal y el Teatro Moderno reflejados en el espejo de un serial de ruinas enterradas entre las que sobresale el Alcázar, aunque no precisamente por su actual majestuosidad.

La pregunta resulta obligada: ¿Cómo es posible que haya esta cantidad de edificios singulares en tales situaciones de abandono y grados de deterioro?

Están, sin duda, los episodios más devastadores de la historia, como las guerras de la Independencia y la Civil o las desamortizaciones del siglo XIX que afectaron a las propiedades del clero. Pero ha habido, también, fenómenos más amplios que han jugado en contra, como el despoblamiento de núcleos rurales o la falta de sensibilidad de quienes sólo vieron en la piedra centenaria un material para obra nueva: hay barrios, muros y puentes hechos con la piedra de las viejas iglesias y castillos. Pero no sólo es eso. Está, también, el papel más impasible que activo que han jugado las instituciones y que explican, en buena parte, que en pleno siglo XXI se sigan produciendo derrumbes en el monasterio de Bonaval o en el Castillo del Cid de Jadraque.

Un mal ejemplo

La historia del Cuadrón en Auñón es significativa. Un día de diciembre de 2010, tras unas abundantes lluvias, la torre del homenaje, única superviviente del castillo calatrava del siglo XV, dejó de recortar el horizonte. La propiedad fue de un particular que quiso levantar un chalet, pero la obra quedó paralizada. Pese a las denuncias por abandono, nadie hizo nada. El ayuntamiento detuvo aquellos planes, pero se excusaba con su evidente incapacidad para financiar la rehabilitación. Patrimonio dejó pasar una década sin actuar. El primer dueño se lo vendió a otro, que valló la propiedad. Cuando aquel día de invierno se vino abajo, a muchos les vino a la mente la premonición del profesor García de Paz, un lustro antes:“Evidentemente, puede desplomarse sola”.

Estos evitables ejemplos mueven a otros colectivos a poner el grito en el cielo, conscientes de que para reclamar la atención sobre un edificio en ruina hace falta levantar la voz. Entre los movimientos ciudadanos que más se han hecho oír en los últimos tiempos está la plataforma Salvar Bonaval o la Asociación Castillo de Galve, que en el inicio del año han coincidido en recordar a la Junta de Castilla-La Mancha sus promesas de solución. Sus luchas son “iconos” para la conciencia colectiva en defensa del patrimonio provincial, según analiza el periodista Raúl Conde, gran conocedor de esta materia y que ve en el caso de Salvar Bonaval “un ejemplo de espíritu reivindicativo y constructivo que ha hecho visible el problema en toda Castilla-La Mancha”, logrando “traspasar ciertos cercos mediáticos” que limitaban la polémica a un círculo exclusivamente provincial.

¿Un punto de inflexión?

Hay, tras algunas de estas avanzadillas ciudadanas, un “despertar de la sensibilidad”, en palabras del historiador Pedro J. Pradillo, que ha notado que cada vez más personas acuden a las conferencias sobre divulgación del patrimonio que imparte. Lo reconoce también su colega Antonio Herrera Casado, cronista oficial de la provincia, para quien hay “un grupo cada vez más numeroso de personas que se muestran interesadas y preocupadas por estos temas”. Aun así, lamenta que muchas de estas respuestas no se sostengan en el tiempo: “Hace falta continuidad en las peticiones. A veces en las redes sociales un tema no va más allá de la protesta”.

Esta falta de recorrido y la escasa implicación de las instituciones le impide concluir que, a pesar de que haya más sensibilidad, estemos viviendo “un punto de inflexión” sobre el tema.

Si las administraciones deberían aceptar la doble misión de la intervención urgente allí donde más se demanda y la planificación a medio plazo de actuaciones en el resto de edificios abandonados, que son muchos, a la sociedad civil le viene correspondiendo un papel muy activo, sobre todo mientras las instituciones no cumplan con su deber: “presionar, enviar escritos, denunciar, defender, dar un valor… todo eso, por ejemplo, a través de campañas que salgan en la prensa, porque además a los políticos no les gusta quedar mal ante la opinión pública”, recuerda Lucía Gómez, del Grupo para la Defensa de Patrimonio de Guadalajara.

La labor de organismos así resulta primordial porque “estos temas son secundarios para las administraciones, como todo lo que tiene que ver con educación y cultura”. Conde, que además es presidente de la Asociación Castillo de Galve y ha tenido que lidiar con varias autoridades políticas, remarca el mismo mensaje: “las administraciones públicas nunca se han tomado demasiado en serio estos problemas”.

Pese a la urgente e ingente tarea, no existe una planificación y, cuando la ha habido, como en el Plan del Románico para intervenir en 27 iglesias (sólo se restauraron dos de la primera anualidad), ha quedado abortada por las administraciones con la excusa de la crisis. “Es un problema de falta de voluntad política”, asegura Gómez, más aún cuando en casos como el monasterio de Bonaval se aplazan actuaciones inaplazables que no exigen  inversiones inasumibles, sino modestas.

Los números

Nadie pide recuperar el patrimonio olvidado de la noche a la mañana. “No se puede hacer todo a la vez, pero sí se pueden establecer fases y prioridades y dejarse asesorar”, indica Conde. No obstante, el desánimo de estos testigos no resulta únicamente de sus impresiones, sino de los hechos: el presupuesto de la Junta para Patrimonio en 2013, el mismo año en que aprobaba la nueva ley regional, descendía un 21%.

Cualquier política exige dotación presupuestaria, pero Pradillo desmitifica la idea de que las intervenciones en patrimonio conlleven necesariamente un enorme serial de ceros en las partidas. Un ejemplo: para un edificio tan importante y deteriorado como el Alcázar de Guadalajara, el proyecto que él mismo firmó como Jefe de Patrimonio podría salir adelante con financiación exclusivamente local y en poco más de una década. La fortaleza levantada en el siglo IX por el arquitecto Izraq ibn Muntil, más tarde palacio y fábrica, está en ruinas desde la Guerra Civil. En 1998 se llevaron a cabo excavaciones que alumbraron elementos desconocidos hasta entonces de un edificio que había sido reconstruido en 1778. El Plan Director del jefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Guadalajara, Pedro J. Pradillo, incluye su recuperación para integrarlo en el circuito de visitas turísticas, combinando los trabajos sobre el terreno con la apertura al público. Ni los responsables de las diferentes corporaciones han dado un decidido respaldo al plan que apoyan verbalmente, ni colaboran, en opinión de Pradillo, las “discusiones bizantinas” entre expertos, más pendientes de fechar los restos que del futuro del edificio. “Hay que meterse en obra”, insta este historiador.

“Muchas de estas intervenciones se pueden hacer con menos dinero del pensado, lo que hace falta es visión”, le respalda Herrera Casado. “El mantenimiento, limpieza y arreglo es fundamental y cuesta dinero, pero sin tener que irnos a los millones”.  

Medio y largo plazo

Pero las instituciones tienen además las miras muy cortas. La política tiende a buscar resultados inmediatos, pero las actuaciones en patrimonio revierten a medio y largo plazo.  “Cuando rehabilitas un edificio no sólo aseguras que se conserva ese patrimonio, sino que además podrás abrir más tarde un centro de interpretación, formar a guías, darles un trabajo… se obtienen beneficios para la sociedad”, asegura Gómez. No se inventa nada: “En otras comunidades ya son conscientes de la importancia que para su economía tiene la divulgación del patrimonio”.

Más allá de sensibilidades y voluntades políticas, está en juego, en algunos casos el cumplimiento de la legalidad vigente. Las normativas estatal y regional (que datan de 1985 y 2013, respectivamente) dicen a las claras que nadie, ni siquiera un particular por muy dueño que sea de un inmueble, puede abandonar un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Lo expone textualmente en su primer punto del artículo 23 la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha: “Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos adecuadamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, deterioro o destrucción”.

Entonces, cómo es posible lo que está sucediendo? Desde la Plataforma en Defensa del Patrimonio insisten en la contradicción de sacar adelante una normativa cuyo cumplimiento no se procura. “Es absurdo que se molesten entonces en hacerla”. Se hace la vista gorda con su propio patrimonio, pero también con el privado, donde tienen el deber de amonestar y sancionar a quienes desatiendan sus obligaciones. Las infracciones muy graves, como la que la Asociación Castillo de Galve pide para el propietario de la fortaleza serrana, contempla multas de 150.000 euros a un millón.

Pese al mandato de la ley y al estado de muchos de los edificios históricos de la provincia, todavía no existe ningún precedente de sanción, como recuerda Conde, para quien un castigo ejemplarizante en Galve sentaría un interesante precedente al “abrir un camino en Guadalajara que todavía no se ha explorado, no sé si por falta de agallas o directamente de interés”.

La iniciativa privada

El papel de la iniciativa privada con respecto al patrimonio provincial resulta también controvertido, con escasas y honrosas excepciones, como las rehabilitaciones del Hospital de Santa Ana en Atienza por Hercesa o de la torre de Aragón del Castillo de Molina por parte de IberCaja, que también entró en el convenio a varias bandas para el Románico. De las constructoras, ni huella. “Falta mucha inversión privada”, denuncia Conde, que pone el ejemplo de empresarios con responsabilidad civil que han participado en proyectos respetuosos con el patrimonio en regiones como Madrid o Cataluña.

Muy al contrario, en Guadalajara son más los antagonismos que los protagonismos por parte de las empresas privadas. Es el caso de Rayet, que ha dejado abandonado uno de los monumentos civiles más emblemáticos de la Alcarria, la Fábrica de Paños de Brihuega, que adquirió con las promesas de asentar allí un alojamiento de lujo (se hablaba de un gran hotel de hasta cinco estrellas). Llegó la crisis, el proyecto quedó guardado en un cajón y si el Ayuntamiento, que no es su dueño, no hubiese dado la voz de alarma, tal vez muchas de las estructuras que amenazaban con ceder, según los informes técnicos, lo habrían hecho, con el bochorno que habría supuesto para Brihuega como pueblo y para la sociedad alcarreña como heredera de este emblema de la primera industrialización.

Tampoco el caso del poblado de Villaflores, en Guadalajara, resulta ejemplar. Para Herrera Casado es uno de los casos más sangrantes de abandono de patrimonio. “Lo tenemos muy cerca de la ciudad y no sólo es una joya abandonada de nuestra arquitectura, sino que cada fin de semana agrava su situación porque va gente y agrade el patrimonio”. La aldea diseñada por Ricardo Velázquez Bosco –arquitecto del conjunto de Adoratrices y del Panteón de la duquesa de la Vega del Pozo- está en manos privadas, pero para el cronista oficial de la provincia las administraciones siguen teniendo el deber de intervenir: “Se está dando violencia contra el patrimonio”, se indigna: “es como si hubiese un incendio en un bosque privado y dijesen que lo tiene que apagar el dueño”.

Motivos para la esperanza

Pese a todo, hay algunas noticias esperanzadoras entre tanta crónica descorazonadora: lo son las casi cuarenta intervenciones llevadas a cabo desde la Junta en los últimos años en elementos puntuales de arquitecturas de toda la provincia. La actuación estatal, a menudo a través del 1% Cultural de Fomento, ha resultado vital en algunas operaciones especialmente ambiciosas como las restauracones de la iglesia de Tordesilos y el castillo de Zorita, la ambiciosa intervención en el complejo de El Fuerte (incluyendo la Cripta de los Mendoza) y la rehabilitación de Monsalud en Córcoles, una joya que ha corrido una suerte afortunadamente atípica si se compara con otros grandes monasterios y conventos de la provincia como el de Sopetrán, en Torre del Burgo, Bonaval en Retiendas, San Antonio en Mondéjar, Santa Ana en Tendilla o el trillano de Óvila, famoso porque fue comprado por el magnate Hearst para trasplantarlo en EEUU –sólo se ha hecho en parte y mucho tiempo después–.

También en Sigüenza parece existir una sensibilidad especial con su patrimonio. La localidad, que mantiene un ritmo de visitas turísticas por encima de las 100.000 al año, es consciente de la importancia que tiene su patrimonio y no sólo ha puesto en valor nuevas rutas, como recientemente la Sigüenza ilustrada, barroca y neoclásica, sino que ha recuperado edificios como El Pósito, un granero del siglo XVI reconvetido en auditorio, aunque sigue teniendo una asignatura pendiente en algunas ermitas e iglesias del amplio término municipal. 

Caso digno de mención es la recuperación de la Iglesia de Santiago impulsada por el colectivo local Amigos de la Iglesia de Santiago, que se ha encargado incluso de buscar financiación, también con la línea de micromecenazgo ‘Apadrina un sillar’. La restauración ya ha comenzado, con vistas a convertir el espacio en un edificio abierto al público.

Ejemplos así resultan, para Lucía Gómez, “motivo de esperanza”, pero siguen siendo aislados: “son pocos entre decenas y decenas de casos contrarios... Si no seguimos clamando por los demás, se quedarán ahí abandonados”, alerta. Y no es un capricho: “No es cuestión de que me arreglen la iglesia de mi pueblo para que esté más bonita, sino de que tenemos que cuidar estos edificios porque tienen un valor histórico y artístico. Hay en juego algo más que estética”, resume. Preservar el pasado y reimpulsar el futuro. Como hizo Alfonso XIII, recuerda Pradillo. Hace casi un siglo este rey  “sentó las bases económicas como una potencia en turismo” fijándose en “una riqueza intrínseca de este país que está por encima de los vaivenes especulativos”. La pregunta, casi un siglo después, no es quién se ocupa hoy de las cosas de ayer, sino quién está dispuesto a pensar en las cosas de pasado mañana.


GALVE Y BONAVAL, DOS REACCIONES ‘EJEMPLARES’

Si a menudo resulta manido calificar de joya cualquier arquitectura de cierto valor, en el caso de Bonaval hace justicia a su importancia. Sólo la fachada sur con el arco de entrada de cuatro columnas y el ventanal superior dibujan una estampa bellísima. De lo que hubo dentro sólo queda ya el recuerdo. De los muros, una romántica decadencia que amenaza con venirse abajo. Si sucede, no será porque no se ha avisado. Bonaval es una de las mejores muestras de arquitectura religiosa del siglo XIII, de estilo fronterizo entre el románico y el gótico, enclavada en un rincón de sosiego en el valle del Jarama al que se accede desde Retiendas tras atravesar un quejigal.

El monasterio, asediado por la vegetación que crece salvaje contra y entre sus muros, está siendo objeto de una campaña orquestada por la plataforma Salvar Bonaval, promovida por el Grupo para la Defensa del Patrimonio de Guadalajara y la asociación local Valle de Retiendas: reclaman a la Junta que apuntale para evitar más episodios de derrumbe y que responda ya a la propuesta que hace más de un año le trasladó un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia: un estudio para una intervención que garantizaría el apoyo del cenobio, acompañándola de dos opciones de presupuesto.

La administración regional, escudándose en la burocratización del conflicto a causa de las expropiaciones, continúa sin dar un paso al frente, en una actitud de parsimonia que desespera al colectivo, que, en cambio, mantiene un activo calendario de movilizaciones lúdicas y reivindicativas, como sus marchas por el valle.

Un castillo ‘privado’ convertido en vertedero

El castillo de Galve de Sorbe tiene un aspecto decrépito desde fuera. Pero por dentro resulta todavía peor. Lo han mostrado unas imágenes difundidas recientemente por la Asociación Castillo de Galve, que aún pueden verse en una galería de su web: el interior de la fortaleza del siglo XV tiene un paisaje más típico de una escombrera de obra que de un monumento medieval. Del abandono es responsable su propietario actual, Enrique Calle Donoso, afincado en Madrid, y de pelear por que no caiga en el olvido se encarga desde 2006 este colectivo galvito. Ya por entonces hubo un acuerdo a varias bandas al que finalmente se dio marcha atrás.

En todo este tiempo han intentado agotar todas las vías, primero apelando al mutuo entendimiento y ahora, ante la falta de respuesta por parte del dueño, recurriendo a la Junta para que aplique la vía sancionadora y velar así por este Bien de Interés Cultural (BIC). Ya habían obtenido el visto bueno de la Consejería de Cultura en el tramo final de la anterior legislatura, pero el cambio en Fuensalida volvió a detener el conflicto. En febrero han vuelto a reunirse en la Delegación de la Junta. No estuvo el delegado José Luis Condado, en un gesto que les defraudó (“nos dice mucho de la sensibilidad y la importancia que concede a este problema”), pero sí los técnicos, que informaron de hasta cinco requerimientos enviados en los últimos tiempos al propietario (al último ni habría contestado) y que prometieron reiniciar el expediente, de modo que esté listo antes de verano.

“Vamos a estar muy vigilantes”, advierte Raúl Conde, presidente de la asociación, que pide una sanción por infracción muy grave, aunque recuerda que la multa nunca es para ellos un fin en sí mismo, sino un medio para forzar la recuperación del emblemático monumento serrano, que registra frecuentes desprendimientos. “Si este señor quiere tener un edificio del siglo XV y la ley se lo permite, que lo tenga, pero en buenas condiciones y abierto al público”.

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