La Junta abre expediente al dueño del castillo de Galve

El delegado dice que abrirán expediente de sanción al dueño y anuncia que no se había abierto hace tres años, como creía la asociación. • Esta lo lamenta y exige un millón de euros de multa para el dueño del castillo, la máxima sanción, ateniéndose a la la Ley de Patrimonio. • La asociación rechaza, además, que el delegado de la Junta no acudiera a la entrevista prevista para el viernes y enviara en su lugar, a técnicos de Patrimonio.


El delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado, ha confirmado que se va a iniciar el expediente administrativo para conseguir que el propietario del castillo de Galve de Sorbe, el empresario Enrique Calle Donoso, adecúe el edificio a lo que dispone la Ley de Patrimonio, lo rehabilite y lo abra al público. La declaración la hizo en rueda de prensa momentos antes de que la entrevista fijada con la Asociación Castillo de Galve, a la que finalmente no asistió -en su lugar, asistieron técnicos de Patrimonio de la Junta-.

En esa misma comparecencia, Condado informó que "entre 2009 y 2011 se informó para abrir expediente pero nunca se llegó a abrir. Nosotros ahora sí que vamos a abrirlo". Con esta medida, la intención es "obligar al propietario a mantener el edifico en las condiciones que la Ley de Patrimonio establece y al mismo tiempo que establezca el horario de visitas que también es una obligación recogida en la Ley".

José Luis Condado recordó que un equipo de técnicos del Servicio Periférico de Educación y Cultura de Guadalajara, se desplazaron en su día hasta Galve de Sorbe para reconocer el estado del castillo.

La apertura del expediente sancionador al dueño del castillo es aplaudida por la Asociación Castillo de Galve, que en un comunicado lamenta dos aspectos: que el expediente no se abriera hace tres años, como creían, y que no haya sido Condado quien acudiera a la reunión que tenía fijada con ellos. "Nosotros no pedimos una reunión técnica, sino con quien tiene responsabilidades de gobierno", advierte el colectivo, que pide la mayor sanción para el propietario del castillo, un millón de euros.

¿Por qué? La falta de atención hacia el castillo, y los reiterados incumplimientos legislativos, conllevan para la asociación una infracción "muy grave", por lo que piden al Gobierno regional que aplique el artículo 73 de la Ley de Patrimonio regional, aprobada el pasado año, que tacha de infracción muy grave "la destrucción o desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado Bien de Interés Cultural [BIC]". En España, afirman en el comunicado, "todos los castillos están declarados BIC".

La comisión de una infracción "muy grave" podría acarrear una multa que oscila entre los 150.000 euros y un millón de euros. En caso de aplicarse la categoría de infracción "grave", la sanción económica sería de entre 6.000 y 150.000 euros.

Los técnicos de Patrimonio han confirmado los contactos mantenidos entre la Junta de Castilla-La Mancha y el propietario del castillo. Entre 2012 y 2013, éste recibió hasta cinco requerimientos para cumplir sus obligaciones y terminar el proyecto arqueológico y de rehabilitación que le reclama la Administración, según informa la asociación en este comunicado. "Contestó a todos, excepto al último". La Asociación Castillo de Galve habría advertido ya a la Administración regional del procedimiento habitual del dueño. "Suele dar cuartelillo a las reclamaciones, parece que las atiende, pero a la hora de la verdad nos toma el pelo a todos y nunca cumple sus compromisos", subrayan desde el colectivo.

En cualquier caso, el presidente de la Asociación Castillo de Galve, Raúl Conde, matiza: "la Junta no ha decidido abrir el expediente al dueño porque no haya contestado a su último requerimiento, sino porque desde la Asociación hemos vuelto a la carga y hemos levantado la liebre sobre el pasotismo y la negligencia del dueño. En todo caso, bienvenido sea el paso que ha dado el Gobierno regional".

El delegado no acude a la reunión, un "feo gesto"

Los miembros de la Asociación también lamentan "el desplante del delegado provincial y la falta de seriedad que supone derivar una reunión con un miembro del Ejecutivo en un encuentro con técnicos". La entrevista con el delegado estaba prevista para después de su rueda de prensa de los viernes pero "unos minutos antes de arrancar el encuentro, su secretaria excusó la asistencia por un imprevisto de última hora".

"Llevamos mucho tiempo pidiendo una reunión, por escrito y por teléfono, y cuando por fin nos dan cita resulta que el delegado provincial no se presenta", revela Raúl Conde, presidente de la Asociación de Galve. "Nosotros no pedimos una reunión con los técnicos, para eso no hace falta pedir cita. La pedimos con quien tiene competencias ejecutivas para resolver este asunto. Si no pudo venir por una urgencia, cosa que comprendemos, debíó delegar en alguien con competencias de gobierno, no en los técnicos", matiza Conde.

La asociación de Galve también muestra "sorpresa e indignación" por el hecho de que fuera "el propio delegado quien comunicara la decisión de incoar un expediente sancionador durante el transcurso de la rueda de prensa en la misma mañana del viernes, pocos minutos antes de la reunión que debía celebrarse entre él y los miembros de la Asociación Castillo de Galve".

A pesar del "feo gesto" del delegado de la Junta, la Asociación Castillo de Galve apoya "sin fisuras la apertura de un expediente de sanción al propietario del edificio", el empresario Enrique Calle Donoso, y "lamenta que se hayan perdido tres años y no se produjera a principios de la legislatura pasada".

"Se han desperdiciado tres años"

Sobre la no apertura de este expediente por parte del Gobierno regional anterior -en manos de los socialistas-, la Asociación de Galve critica que "no se hayan tomado cartas en el asunto hace muchos años", pero matiza que "es bastante difícil que pudiera ejecutarse este expediente teniendo en cuenta que, como el propio Condado reconoce, implica al menos un periodo de seis meses. La decisión se tomó en febrero de 2011 y el traspaso de poderes después de las elecciones se produjo en mayo de ese año, por lo que es complicado que pudiera incoarse el expediente", recalca Conde.

Para la asociación de Galve,"la causa del castillo no es política, ni mucho menos partidista, sino de compromiso cultural sin más afinidad que el interés por salvar el monumento", añade. "Nosotros mantenemos la misma reivindicación de siempre, tenga el color político que tenga el gobierno regional, pero hay que ser fiel a los hechos. Se han desperdiciado tres años", sostienen desde la asociación Castillo de Galve.

 

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