El castillo de Galve, ‘in albis’

La Asociación Castillo de Galve pide a la Junta que cumpla con el compromiso adquirido hace cuatro meses y abra con urgencia expediente sancionador al dueño del castillo, petición a la que se suma la Defensora del Pueblo en un escrito reciente donde asegura que la administración no ha sido rápida ni eficaz en este asunto. • La asociación se reunió el pasado 17 de marzo con técnicos de la delegación, el Ayuntamiento de Galve y el propietario, pero sólo acordaron “mantener abiertas las vías de negociación”. 


Parece que el tiempo se ha parado para el castillo de Galve. Tras la última reunión con el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, hace cuatro meses, en la que la asociación que lucha por salvar el monumento y la Junta acordaron iniciar los trámites para abrir expediente sancionador al actual propietario del castillo, nada ha ocurrido, según denuncia el colectivo en nota de prensa. Afirman que la administración regional aún no ha abierto ningún proceso sancionador pese a que “los técnicos tenían mucho trabajo avanzado del año anterior”. Aunque en la Junta “son receptivos a escuchar nuestras peticiones”, admiten, falta “voluntad política”.

El paso más reciente sobre el asunto ha sido un encuentro, celebrado en Galve el pasado 17 de marzo y sin resultados concretos, entre el actual propietario del castillo, representantes de la asocación, el Ayuntamiento de Galve y técnicos de la Delegación Provincial de la Junta. " El único compromiso acordado fue mantener abiertas las vías de negociación”, afirman fuentes de la asociación, que exigen, en todo caso, “la incoación urgente del expediente sancionador, dada la parálisis y negligencia del propietario del edificio”.

Apoyo de la Defensora del Pueblo

Para reforzar su petición, el colectivo, que defiende la rehabilitación integral del ruinoso edificio del siglo XV y su puesta en valor, asegura que la Defensora del Pueblo les ha dirigido recientemente un escrito en el que censura la actuación de la Junta de Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años con relación al monumento. Según la Defensora, la Junta no ha sido ni rápida ni eficaz en su actuación administrativa y lamenta que no se haya abierto un nuevo procedimiento sancionador al propietario del castillo de Galve pese “a haber transcurrido más de un año desde la caducidad del anterior”.

El pasado 17 de septiembre de 2014 se acordó el inicio de un expediente sancionador contra el dueño de la fortaleza galvita por “infracción grave” -aunque la asociación de Galve pedía que se tipificara como muy grave- por no conservar y mantener el castillo, que ostenta la máxima categoría dentro de los bienes del patrimonio cultural de Castilla La Mancha. El Gobierno regional estimó entonces imponer una sanción de 78.000 euros, teniendo en cuenta la importancia del edificio, el grado de los daños causados y el “incumplimiento reiterado de los diversos requerimientos realizados por la Administración competente en materia de patrimonio cultural”.

El expediente tramitado por la Junta caducó a los seis meses, y tuvo que archivarse porque el procedimiento sancionador se había abierto contra el anterior dueño del castillo y no contra el actual, algo que en su día ya denunció la Asociación Castillo de Galve. 

Ante este bloqueo, la Defensora del Pueblo recomienda a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha “llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para la incoación del expediente sancionador contra la propiedad del castillo de Galve de Sorbe, por el incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento del mismo”, lo que la Asociación Castillo de Galve lleva exigiendo desde hace más de un año.