La Junta aprueba proteger el entorno del Infantado

El delegado provincial de la Junta, José Luis Condado, ha señalado, que todos los nuevos proyectos arquitectónicos deben pasar a partir de ahora por el filtro de la Comisión Provincial de Patrimonio. • También ha informado de que el gobierno regional aprobó en su Consejo de este jueves, que se proteja como BIC también el entorno del Palacio del Infantado, que lo es desde 1985. • Preguntado por los casos de Bonaval y el castillo de Galve, de propiedad privada y en estado ruinoso, Condado ha dicho que “no se puede dedicar ni un euro público” a patrimonio privado, “sería ilegal”.


El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en su reunión de este jueves mayor protección para el Palacio del Infantado. Ahora, su entorno, incluidas sus vistas o el parque aledaño, están protegidos. El Palacio, que primero fue declarado Monumento Nacional en 1914, es Bien de Interés Cultural desde 1985.

Otra novedad en materia patrimonial es que, a partir de ahora, ningún proyecto arquitectónico en Guadalajara se podrá levantar sin el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, integrada por políticos, historiadores y expertos del área. Lo ha dicho esta mañana el delegado provincial de la Junta, José Luis Condado, que ha resumido los acuerdos del Consejo de Gobierno regional, celebrado ayer en Toledo. 

Este nuevo papel, más relevante, de la Comisión Provincial de Patrimonio, no supone sin embargo, que esta pueda paralizar el derribo de un edificio –eso seguirá siendo de competencia municipal-, pero sí “corregir proyectos”. Es decir, que “a la hora de levantar una casa”, sí podrá emitir un informe favorable o contrario. A partir de ahora, se la debe consultar.

El juicio de la Comisión se suma a la normativa que ya establece el Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara: “alturas, el tipo de edificación, no permite huecos horizontales, como máximo cuadrados”, ha detallado Condado, arquitecto de formación.

Preguntado por la nueva ley de Patrimonio Cutural, aprobada ayer en las Cortes regionales, Condado la ha definido como “una ley moderna”, que se “adapta a las nuevas sensibilidades” por lo histórico y ha destacado que “incorpora al ámbito de protección los bienes inmuebles” –los toros, por ejemplo- y “sanciones concretas”, que no ha precisado.

¿Sanciones duras para quienes no cuidan el patrimonio?

¿Habrá sanciones más duras para los que abandonan el patrimonio?, se le ha preguntado poniendo el ejemplo del castillo de Galve, de propiedad privada pero en estado de abandono total. O el del monasterio cisterciense de Bonaval, que es Bien de Interés Cultural, en peligro de derrumbe. Condado ha señalado respecto al castillo de Galve que “ya hay abierto un expediente” y en el caso de Bonaval, que “no es un bien de la Junta ni del Ayuntamiento” pero que “la Junta estimó vallarlo”.

El desconocimiento de quién es el propietario de Bonaval -y en general, de muchos de los bienes patrimoniales de la provincia- es el principal problema que argumentan las administraciones públicas para acometer cualquier tipo de rehabilitación. Condado ha reconocido que el monasterio, del siglo XII, situado a las afueras de Retiendas, en el término de Tamajón, es propiedad de 45 familias y que lo único que pueden hacer es “exigir que se cuide”. El delegado ha afirmado que no se puede dedicar “dinero público” a patrimonio privado porque “sería ilegal”. La solución más factible sería firmar un convenio para que pase directamente a manos del Ayuntamiento y entonces sí, la Junta podría “evitar  que la ruina vaya a más”.